La reciente actuación de María Jesús Montero, ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, ha vuelto a poner en el centro de la polémica la credibilidad de su gestión. A poco tiempo de anunciar que el Gobierno presentaría los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026, Montero cambió su discurso, limitándose a expresar su «afán» por conseguir su aprobación. Este vaivén no solo despierta dudas sobre su cumplimiento de los plazos establecidos por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, sino que agudiza las críticas a la falta de compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez hacia Andalucía.
Una vez más, la gestión presupuestaria revela deficiencias, pues por tercer año consecutivo, la ministra ha eludido presentar el techo de gasto antes del 30 de junio. En su defensa, Montero ha alegado factores externos como la situación económica global, pero el informe enviado al AIReF deja entrever que no hay un compromiso firme o un calendario claro para la presentación de las cuentas. Así, se evidencia cómo la ministra utiliza la falta de transparencia como una herramienta más en su gestión pública.
La coordinadora de Economía del PP de Andalucía, Carolina España, ha denunciado la infrafinanciación crónica que pese a las promesas, sigue afectando a la comunidad. España ha exigido un fondo de compensación para mitigar la desigualdad en la financiación, algo que la misma Montero apoyaba en su etapa como consejera de Hacienda de la Junta. Criticando la posibilidad de que los intereses de los independentistas prevalezcan sobre las necesidades andaluzas, subrayó que el Gobierno ahora busca aprobar decisiones que perpetúan esa desigualdad.
El PP no ha escatimado críticas hacia Montero, a quien acusan de gestos contradictorios y de falta de coherencia. Desde sus promesas rotundas hasta su lenguaje más tibio, lo cierto es que su figura ha sido marcada por un ciclo recurrente de contradicciones y desengaños. Antonio Repullo, secretario general del PP andaluz, ha enfatizado esta preocupación señalando que Montero es vista como la «ministra de Hacienda de los independentistas», lo que plantea serias dudas sobre su capacidad para representar a Andalucía.
Las dificultades políticas que enfrenta la ministra se reflejan también en su imagen pública. Las encuestas apuntan a un notable rechazo hacia su figura, situándola como la peor valorada entre los políticos andaluces. A medida que se acercan las elecciones autonómicas, la combinación de su doble papel y el deterioro de su credibilidad pueden tener un impacto significativo en su futuro político.
La exigencia de responsabilidad y respeto por parte del PP resuena entre los ciudadanos andaluces, quienes buscan un trato justo y equitativo, lejos de los privilegios que, según argumentan, el Gobierno de Sánchez otorga a los territorios cercanos al independentismo. La situación financiera de Andalucía se ha convertido en un símbolo de una relación tensa con el Gobierno central, que parece menosprecia las necesidades de una comunidad que clama por mayores ajustes e igualdad.
Fuente: Partido Popular Andalucía
