El Gobierno de Perú ha declarado el estado de emergencia en Lima y Callao, buscando un enfoque más ofensivo contra el crimen, según el presidente José Jerí. La medida implica la restricción de derechos constitucionales como la libertad personal, de reunión y tránsito durante 30 días, con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas encargadas de mantener el orden. Además, actividades masivas requerirán autorización y los comités de seguridad permanecerán en sesión permanente. En las prisiones, se limitarán las visitas y se eliminarán antenas de telecomunicación ilegales. Esta decisión sigue a la reciente votación fallida de una moción de censura contra el presidente, motivada por la represión durante protestas en Lima que dejaron un muerto y 120 heridos.
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