El reciente anuncio del Gobierno central sobre la rebaja fiscal destinada a eximir del IRPF a los perceptores del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha generado una gran expectativa, pero también descontento y confusión entre los ciudadanos. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, se encuentra en el centro de esta polémica tras la implementación de una medida que, lejos de aliviar la carga fiscal de los trabajadores con rentas más bajas, ha sumido en el caos tributario a miles de ellos.
La normativa, apresuradamente diseñada ante la pugna entre los Ministerios de Hacienda y Trabajo, no logra cumplir con su objetivo de exención total del IRPF para quienes perciben el SMI. Según un Informe del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), aquellos que dependen del SMI tendrán que hacer frente a una obligación tributaria que oscila entre 110 y 178 euros en 2025. Esto se debe a que la deducción fiscal aprobada afecta únicamente a la parte estatal del impuesto, dejando intacta la cuota autonómica. Este enfoque, adoptado como «vía exprés» por Hacienda, ha trasladado la responsabilidad a las comunidades autónomas, donde muchas aún no han implementado medidas que corrijan esta injusticia.
La enmienda propuesta por los partidos PSOE y Sumar en el Congreso tenía como objetivo la eliminación de la tributación para los trabajadores que cobran el SMI. Sin embargo, al limitarse solo a la parte estatal del IRPF, se ha perpetuado una desigualdad manifiesta entre comunidades, generando una situación de inseguridad jurídica que afecta directamente a los más desfavorecidos. En regiones como el País Vasco, los contribuyentes con el SMI ya disfrutan de la exención total, gracias a una reforma fiscal que eleva el mínimo obligatorio de declaración. En el resto de España, sin embargo, los trabajadores se verán obligados a pagar el impuesto y esperar hasta la Campaña de la Renta del año siguiente para recuperar el dinero.
Expertos fiscales han criticado duramente esta deducción, calificándola de tardía, ineficaz y perjudicial para los contribuyentes más vulnerables. Según los análisis realizados, estos trabajadores pagarán cantidades significativas de IRPF en varias comunidades, lo que acentúa las preocupaciones sobre la equidad del sistema tributario.
La estructura de la cuota autonómica añade una complejidad adicional a la situación. A diferencia de la medida de 2024, que permitió una reducción de los rendimientos laborales afectando tanto a la parte estatal como a la autonómica, el enfoque actual limita la capacidad de Hacienda para intervenir en esta última. La responsabilidad ahora recae en los gobiernos regionales, dejando a los contribuyentes a merced de decisiones que pueden variar significativamente entre comunidades.
Los expertos han propuesto alternativas para abordaje de la tributación del SMI, sugiriendo la creación de una deducción que funcione como un «impuesto negativo». Esta medida permitiría a los trabajadores beneficiarse de la rebaja fiscal sin tener que esperar hasta la declaración de la renta, mejorando así su situación económica. Otra opción en discusión sería que el Estado asumiera la parte autonómica del IRPF, aunque esto implicaría una reforma del modelo de financiación autonómica, lo cual aún no se ha abordado formalmente.
En Andalucía, por ejemplo, los trabajadores que perciben el SMI tendrán que afrontar un coste de 146,98 euros en 2025, lo cual es un monto significativo para este grupo poblacional, que ya presenta una realidad económica delicada. La administración andaluza expresa preocupación por las consecuencias de esta medida y está buscando formas de mitigar el impacto fiscal en los colectivos más vulnerables.
La gestión de Montero en el ámbito fiscal sigue siendo objeto de crítica. La falta de planificación y una técnica legislativa inadecuada han dejado en evidencia la incapacidad del Gobierno para coordinar una rebaja fiscal completa con las comunidades autónomas. A pesar de los anuncios y los comunicados optimistas, muchos trabajadores que buscan mejorar su situación económica se enfrentarán a un desapego real debido a la tributación en 2025, lo que no solo afectará su poder adquisitivo, sino que también les obligará a esperar más de un año para recuperar un impuesto que nunca debieron pagar.
Fuente: Partido Popular Andalucía
