Durante más de una década, en los tribunales de Estados Unidos se ha librado una intensa batalla legal en torno al acceso a las leyes y los derechos de autor. Organizaciones dedicadas al desarrollo de estándares han insistido en que poseen el copyright de ciertos códigos importantes que regulan la seguridad de productos, construcciones y el medio ambiente, por lo que deberían tener el derecho de restringir el acceso a estos. Sin embargo, la justicia estadounidense ha descartado consistentemente esta postura, considerándola no solo absurda, sino también contraria a los principios democráticos que rigen al país.
Esta semana, una nueva victoria en esta cruzada por el acceso libre a la ley se consolidó cuando un tribunal de distrito falló a favor de UpCodes, una empresa que ha diseñado una base de datos para códigos de edificación. UpCodes logró incluir en su compilación aquellos códigos que han sido adoptados por referencia en la legislación, enfrentándose a la resistencia de ASTM, una entidad privada que participó en el desarrollo de algunos de estos estándares. ASTM insistía en retener el copyright incluso después de que dichas normativas se formalizaran como parte del cuerpo legal. Sin embargo, varias cortes, incluida la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, han desestimado esta premisa, sosteniendo que una vez que un estándar se incorpora a la ley, pierde su protección bajo los derechos de autor.
El caso, conocido como ASTM contra UpCodes, se centró en la necesidad de asegurar el acceso público a la legislación. La decisión del tribunal subrayó que el acceso, ya sea gratuito o mediante un sistema de suscripción, constituye un uso justo y legítimo. Los jueces reiteraron que los estándares incorporados por referencia en la ley no deberían ser inaccesibles, y advertencia sobre los riesgos de notificación y responsabilidad que surgirían si estos códigos solo estuvieran disponibles para quienes pudieran costear su acceso.
Esta importante resolución judicial se enmarca dentro de un patrón más amplio que ha emergido a lo largo de Estados Unidos, donde múltiples tribunales, desde California hasta Nueva York y Missouri, han conformado un consenso sobre la importancia del acceso abierto a las normativas. No obstante, aunque estas organizaciones generen ingresos significativos de sus esfuerzos, en gran medida gracias a la contribución desinteresada de expertos, el camino elegido ha puesto a prueba su enfoque ante el acceso a la ley.
Lejos de asumir sus fracasos judiciales y adaptar su modelo, estas entidades están ahora impulsando una propuesta ante el Congreso para modificar la Constitución y así garantizar que puedan retener el copyright sobre sus estándares, sin importar su adopción por reguladores federales. Esta iniciativa ha encendido alarmas, dado que han instaurado “salas de lectura” virtuales que replican restricciones de hace décadas: dificultan la navegación, limitan las búsquedas y son inaccesibles para personas con discapacidades visuales.
La sugerencia de estas organizaciones, que implicaría ceder derechos fundamentales a cambio de un acceso extremadamente restringido a la legislación, plantea un desafío significativo. Sin embargo, de avanzar en esta dirección, la comunidad jurídica confía en que el sistema judicial estadounidense seguirá destinado a defender la premisa de que las leyes son hechos públicos y, en consecuencia, deben ser accesibles para todos, sin excepción.
