Vivimos un momento crítico en el que la clase trabajadora se enfrenta a una ofensiva global sin precedentes. El capitalismo, inmerso en una crisis profunda, responde a esta situación con un aumento de la precariedad, el autoritarismo, el control social y la guerra. Mientras una minoría poderosa sigue concentrando la riqueza y el poder, la mayoría de la población ve deteriorarse sus condiciones de vida y amenazarse sus derechos y futuro.
La guerra se ha normalizado en el ámbito político y económico, manifestándose de maneras escalofriantes alrededor del mundo. Desde el genocidio del pueblo palestino hasta el bloqueo de Cuba, los ataques a Venezuela e Irán, la prolongación del conflicto en Ucrania y el incremento de tensiones por el control de recursos naturales, se evidencia un mundo donde la violencia y los intereses de las grandes potencias dominan. Este aumento del gasto militar se produce a expensas de sectores fundamentales como la sanidad, la educación y las pensiones, incrementando la vulnerabilidad de la clase trabajadora. Ante este escenario bélico y militarista, es imperativo defender la paz, la vida y la cooperación entre los pueblos.
La Unión Europea, en su alineación con Estados Unidos, continúa avanzando hacia la militarización y la erosión de derechos fundamentales. En España, el modelo productivo se caracteriza por la precariedad, con una desindustrialización gradual y una crisis de vivienda cada vez más aguda. La dependencia energética y tecnológica, así como el aumento del costo de la vida, afectan de forma desproporcionada a la clase trabajadora.
Los salarios, que en muchos casos no garantizan una vida digna, y la falta de reducción de la jornada laboral, sumadas a las amenazas a las pensiones y la persistente brecha de género, crean un panorama desalentador. La vivienda se ha transformado en un negocio voraz que expulsa a miles de personas de sus comunidades, mientras los servicios públicos sufren un deterioro alarmante.
La represión se añade a este contexto de empobrecimiento. La Ley Mordaza y la criminalización de la protesta son herramientas utilizadas para silenciar la voz de quienes defienden derechos que deberían ser universales. Muchas personas continúan siendo represaliadas por defender una causa justa.
Ante esta situación, la resignación no es una opción. Solo la organización y la movilización pueden detener esta deriva autoritaria y forjar una alternativa renovadora. Defendemos la necesidad de salarios dignos, la reducción de la jornada laboral, pensiones públicas robustas, el reconocimiento de la vivienda como un derecho y el fortalecimiento de los servicios públicos y las libertades democráticas. Defendemos la paz frente a la guerra y la vida frente a los intereses comerciales.
Hacemos un llamado a la clase trabajadora, a los movimientos sociales y a toda la ciudadanía a movilizarse, a ocupar las calles y a organizarse colectivamente. Nuestros derechos no se mendigan, se conquistan. Es hora de luchar por la dignidad, la paz y la justicia social.
Fuente: USTEA.
