María Jesús Montero ha regresado a Andalucía este sábado, y lo ha hecho alzando una pancarta. La actual vicepresidenta del Gobierno de España, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE andaluz, se ha unido a una protesta frente a la sede del Ejecutivo andaluz en Sevilla, defendiendo la sanidad pública. Esta imagen ha provocado reacciones encontradas, especialmente entre quienes han seguido de cerca su trayectoria en el ámbito de la salud.
Montero no es nueva en el debate sobre la sanidad pública. De hecho, es considerada una de las figuras clave en la historia reciente del sistema sanitario andaluz. No obstante, su legado está marcado por decisiones controvertidas que, en lugar de fortalecer el sistema, provocaron una notable degradación. Durante su gestión como consejera de Salud y luego como consejera de Hacienda, la sanidad pública andaluza atravesó uno de sus períodos más críticos. Bajo su liderazgo, se llevaron a cabo fusiones hospitalarias que afectaron negativamente la atención médica en varias regiones, se recortaron más de 7,500 empleos en el sector y las listas de espera tanto quirúrgicas como diagnósticas se dispararon.
El impacto de su gestión sigue siendo palpable hoy en día. En 2017, el fallecido doctor Jesús Candel, conocido como Spiriman, se convirtió en un símbolo de la protesta ciudadana contra el deterioro del sistema sanitario. Acusó directamente a Montero de ser parte del proceso de “privatización encubierta” del sistema, un argumento que entonces fue desestimado, pero que hoy resuena en las demandas de aquellos que sufrieron las consecuencias de sus políticas.
Los recortes que Montero impulsó se justificaron en su momento como medidas de eficiencia, pero los resultados fueron evidentes. Muchos hospitales eliminaron especialidades esenciales, los profesionales médicos denunciaron una falta crítica de recursos y los pacientes enfrentaron exorbitantes demoras para recibir atención médica. Además, la situación se complica al observar que Montero, en su papel como ministra en Madrid, parece vivir en una contradicción constante: mientras desde el Gobierno central se niega la modificación del modelo de financiación autonómica que mantiene a Andalucía en una situación de infrafinanciación de al menos 1,500 millones de euros anuales, ella pide mejoras en la sanidad.
Surge así una pregunta crucial: ¿cómo puede exigir una sanidad de calidad cuando se obstina en no proporcionar los recursos económicos necesarios para garantizarla? Las manifestaciones de protesta, con Montero encabezando la defensa de un sistema que ella misma ha contribuido a debilitar, han generado una creciente indignación entre quienes recuerdan su gestión.
En su reciente visita a Almería, Montero evitó hacer referencia a su propio historial en la esfera sanitaria. No mencionó las fusiones hospitalarias que ella misma había respaldado, ni los empleos que se perdieron bajo su supervisión, y tampoco habló de las listas de espera que aumentaron drásticamente durante su mandato. En su discurso, se ofreció una serie de proclamaciones grandilocuentes, mientras se eludía cualquier reconocimiento de las decisiones que afectaron negativamente la sanidad andaluza.
La unificación de hospitales en Granada durante su gestión provocó protestas masivas, y los ecos de aquellas movilizaciones aún resuenan en muchas provincias. Las plataformas ciudadanas que surgieron en respuesta a sus políticas siguen activas, y tanto profesionales como pacientes continúan lidiando con las secuelas de su administración.
Sin embargo, en el relato de Montero, el deterioro del sistema parece ser una cuestión ajena a ella, como si Andalucía solo existiera para ser visitada durante los fines de semana. Esta falta de autocrítica y de reconocimiento de su parte en los problemas actuales plantea un dilema sobre la autenticidad de su compromiso con la sanidad pública, dejando a muchos preguntándose si su participación en la protesta es realmente un acto de reivindicación o una mera oportunidad de imagen.
Fuente: Partido Popular Andalucía
