Una encuesta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial revela profundas deficiencias en el sistema de control de órdenes de alejamiento. El 69,4% de los jueces criticaron la gestión de incidencias, en desacuerdo con la perspectiva optimista del Ministerio de Igualdad. De los dispositivos electrónicos, cuya valoración media es de 2,2 sobre 5, el País Vasco obtiene la mejor puntuación. Las demoras en la instalación, superando en muchos casos las cinco horas, agravan la situación. Problemas estructurales, como la falta de espacios adecuados para víctimas, subrayan la necesidad de reformas. A pesar de las declaraciones gubernamentales de normalidad, la transición entre empresas proveedoras causó grandes complicaciones. La delegada del Gobierno admitió dificultades pero no se comprometió con sanciones. El actual contrato, sin opción de renovación, finalizará en 2026, con planes de mejora para futuras licitaciones, incluyendo tecnología avanzada y mejor localización. La situación actual supone una urgencia de reformas para proteger a mujeres víctimas de violencia de género.
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