En el contexto de las bajas forzosas, se ha establecido una compensación económica que alcanza hasta 45 días de salario por cada año trabajado, con un límite máximo de 24 mensualidades. Esta medida busca ofrecer protección financiera a los empleados que se vean afectados por despidos involuntarios, asegurando así una compensación justa dentro del marco legal vigente.
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