Montana ha dado un paso audaz al promulgar una ley pionera destinada a cerrar el denominado «vacío de los corredores de datos». Este vacío legal ha sido objeto de amplios debates en otros estados y en el Congreso de los Estados Unidos, sin encontrar hasta ahora una solución efectiva. La nueva normativa, identificada como SB 282, prohíbe a las fuerzas del orden adquirir información sobre comunicaciones electrónicas y datos sensibles a través de compras realizadas a corredores de datos. De esta manera, elimina un método que permitía eludir la necesidad de obtener una orden judicial.
Mientras que en otros estados los policías pueden adquirir información de geolocalización sin justificación judicial, en Montana los agentes ahora deben recurrir a métodos más convencionales, como obtener una orden judicial. La información comprada antes incluía datos personales como la localización precisa, asociaciones personales y estado de salud de individuos.
La SB 282 ha sido celebrada como un avance en la protección de la privacidad estatal, continuando una tendencia en Montana que ya incluye leyes que limitan el uso del reconocimiento facial y protegen la privacidad del consumidor. Aunque la ley permite el uso de citaciones para acceder a ciertos datos—un recurso que requiere menos justificación que una orden judicial—establece un precedente significativo en la defensa de los derechos civiles.
Este enfoque legislativo en Montana se alinea con iniciativas federales como la H.R.4639, conocida como la Ley de que la Cuarta Enmienda No Está en Venta, promovida por el senador Ron Wyden. Esta ley busca ofrecer una protección similar a nivel nacional. Aunque el proyecto ha avanzado en la Cámara de Representantes, aún está pendiente en el Senado.
La acción de Montana subraya la creciente responsabilidad de los estados en implementar leyes que protejan las libertades civiles frente a la inacción del Congreso. Con una población que supera ligeramente el millón de personas, Montana se posiciona como un modelo a seguir en la defensa de la privacidad y protección de los derechos individuales.
