La reciente actuación de María Jesús Montero, ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, ha desatado un torrente de críticas en Andalucía. A pesar de que en julio de 2024 la política afirmaba que “no se puede compartir que una comunidad autónoma lo asuma todo”, este año ha firmado un acuerdo que concede a Cataluña el denominado “cupo independentista”, lo que se considera el mayor privilegio fiscal otorgado desde la Transición. Este acuerdo, que perjudica directamente a Andalucía, presenta una clara incoherencia al contrastar con el rechazo que Montero había expresado en su etapa como consejera de Hacienda del Gobierno andaluz.
El “cupo independentista” permite a Cataluña recaudar el 100% de sus impuestos, mientras que el Estado solo recibe una cuota acordada de forma bilateral. Este modelo, similar al de las comunidades forales vascas y navarras, altera el equilibrio del sistema común de financiación y puede suponer una pérdida de 14.500 millones de euros para Andalucía si decides implementar un modelo similar. En este contexto, se denuncia que «Andalucía siempre pierde» en comparación con otras comunidades, evidenciando una falta de igualdad territorial.
A la luz de la infrafinanciación histórica que sufre Andalucía, cerca de 1.500 millones de euros se pierden anualmente debido a un sistema de financiación que se encuentra obsoleto desde hace casi una década. Esta situación ha llevado a que cada andaluz reciba 183 euros menos que la media nacional, aumentando así la brecha con respecto a comunidades como Cataluña.
El acuerdo del cupo independentista se gestó de manera unilateral, sin la consulta correspondiente a otras comunidades autónomas. A partir de 2026, la Agencia Tributaria catalana aumentará su recaudación de 5.200 millones a más de 38.000 millones, lo que plantea inquietudes sobre la viabilidad del financiamiento del Estado para cubrir pensiones y servicios públicos esenciales. Expertos fiscales han calificado este modelo como «ilegal» y «discriminatorio».
La controversia ha provocado un amplio rechazo institucional, con acusaciones de «compra de votos encubierta» y un «pago de favores al separatismo». Altos funcionarios del Ministerio de Hacienda también han advertido sobre los riesgos de fractura institucional que genera este modelo. Frente a ello, el Partido Popular de Andalucía ha resaltado su firme compromiso con la defensa de la igualdad y los derechos de la comunidad, demandando una reforma del modelo de financiación que garantice un trato justo.
A pesar de los desafíos, Andalucía se ha mantenido en un camino de crecimiento económico, liderando en creación de empleo y con un aumento del PIB del 3,2%. Desde el PP andaluz se defiende que el futuro del desarrollo en la región radica en un modelo de igualdad, cohesión y progreso que garantice servicios públicos de calidad.
En conclusión, la situación actual en Andalucía refleja una tensión entre las decisiones del Gobierno central y las necesidades reales de la comunidad. La defensa de un trato justo y la demanda de igualdad en la financiación son esenciales para asegurar un desarrollo sostenible y equitativo en la región.
Fuente: Partido Popular Andalucía
