La Junta de Andalucía enfrenta una posible sanción de 5 millones de euros, pese a que los acuerdos para incorporar a estudiantes extranjeros en las aulas de idiomas son gestionados directamente por el Gobierno. Estos estudiantes, provenientes de países como Francia, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, contribuyen en la enseñanza de idiomas en centros educativos, en el marco de convenios internacionales diseñados para fomentar el intercambio cultural. La disputa subraya la complejidad y las responsabilidades compartidas entre las administraciones en este tipo de programas educativos.
Leer noticia completa en El Mundo.
