En Guatemala, la reciente renovación de autoridades judiciales ha generado significativas preocupaciones respecto a la independencia del sistema y la estabilidad democrática en el país. A pesar de la observación internacional en el proceso de elección, persistieron dudas sobre la idoneidad de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones, muchos de los cuales están vinculados a pasados casos de corrupción, como el caso Comisiones Paralelas. Críticas de diversos grupos sociales y organizaciones de derechos humanos destacan la preocupación por una posible continuación de una agenda proimpunidad, mientras que la elección fue marcada por conflictos internos y un aparente fortalecimiento del estatus quo. A pesar de todos los problemas, las cortes cumplen con el cronograma establecido, aunque la incertidumbre persiste sobre el futuro del sistema judicial y su independencia del poder político.
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