El Consejo de Gobierno ha sido informado sobre un nuevo convenio entre la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, y el Servicio Andaluz de Salud (SAS), destinado a agilizar la emisión de certificados de defunción en casos de muerte natural. Este acuerdo busca evitar la judicialización innecesaria de estos casos, reduciendo así los trámites burocráticos y el dolor de las familias, siempre que no existan sospechas de violencia o criminalidad.
El convenio establece claramente las funciones de los médicos del SAS y los forenses de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) en la emisión de certificados de defunción. Su principal objetivo es disminuir las autopsias innecesarias y devolver los cuerpos a las familias lo más rápido posible, promoviendo una actuación más compasiva y eficiente.
Según este acuerdo, los profesionales del SAS serán los responsables de emitir certificados de defunción en casos de muerte no violenta ni criminal que ocurran fuera de residencias, hospitales privados u otros centros con equipos médicos propios. En contraste, los forenses de los IMLCF se ocuparán de investigar las muertes violentas (accidentes, suicidios u homicidios) y aquellas con sospechas de criminalidad.
Para determinar si una muerte es natural o no, el equipo médico considerará factores como la presencia de lesiones, antecedentes médicos y las circunstancias del fallecimiento. En situaciones de duda, los sanitarios pueden consultar a los forenses y solicitar la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
De no poder emitir un certificado de defunción con la información disponible, los médicos redactarán un informe detallado para el forense, justificando la causa de la imposibilidad. En casos de muerte sin atención médica previa en hospitales públicos, y sin signos de violencia, será el personal de Urgencias quien firme el certificado tras revisar los antecedentes médicos.
En situaciones que indiquen muerte violenta o criminal, los médicos del SAS confirmarán el fallecimiento y lo comunicarán a la autoridad judicial, que procederá a requerir la intervención del forense. En muertes ocurridas en la vía pública, se contactará a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para custodiar el cuerpo.
El convenio, con una duración inicial de cuatro años prorrogable por otros cuatro, se implementará en dos fases. Durante el primer trimestre, se aplicará en Servicios de Emergencias y Urgencias Extrahospitalarias, y en el siguiente trimestre se extenderá a Servicios de Urgencia Hospitalarias.
Fuente: Gobierno al día de Andalucía.
