En España, la reforma del sistema de pensiones ha incorporado la opción de que los trabajadores prolonguen voluntariamente su vida laboral hasta los 72 años, con incentivos económicos que permiten combinar sueldo y pensión. Esta medida, respaldada por el Gobierno y agentes sociales, busca aliviar la presión financiera del sistema ante el envejecimiento de la población y una mayor esperanza de vida. Aunque los sindicatos y patronales destacan sus beneficios y flexibilidad, partidos como Podemos critican que podría perjudicar a los trabajadores más vulnerables, forzándolos, por necesidad económica, a seguir trabajando más allá de la edad ordinaria de jubilación. La reforma refleja una tendencia europea similar, pero preocupa su impacto en sectores laborales con condiciones más duras y salarios bajos, planteando interrogantes sobre su verdadera equidad y voluntariedad.
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