El Gobierno de España ha implementado nuevas regulaciones para controlar las llamadas comerciales, prohibiendo que las empresas realicen llamadas desde números móviles. Según la Orden TDF/149/2025, las llamadas deben proceder de numeración geográfica o números específicos como 800 y 900, para facilitar la identificación y bloqueo de llamadas de spam. Aunque la normativa no elimina completamente estas llamadas, limita su alcance y asegura que provengan de números legítimos. Las empresas que violen estas reglas podrían enfrentar sanciones de hasta 2 millones de euros o el 4% de su facturación anual, junto con el riesgo de dañar su reputación y perder la confianza de los clientes.
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