El pasado 11 de marzo, la Comisión Europea presentó una propuesta de normativa que busca acelerar la expulsión de personas migrantes hacia terceros países con los que existan acuerdos. Esta iniciativa se alinea con el enfoque del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) aprobado en abril de 2024, que promueve el control y la externalización de fronteras.
Sin embargo, la propuesta ha generado una fuerte oposición entre sectores de la sociedad civil, que argumentan que estas medidas alejan a la Unión Europea de sus valores fundamentales de solidaridad y respeto a los derechos humanos. En los últimos años, la Agenda Europea de Migración ha intensificado la práctica de externalizar el control de fronteras a países no comunitarios, como Túnez, Libia, Marruecos y Albania, a pesar de no garantizar el respeto por los derechos humanos. Este enfoque busca reducir la responsabilidad de los Estados europeos en materia de asilo, según organizaciones defensoras de derechos.
Las críticas han subrayado que la externalización de las obligaciones migratorias y de asilo a terceros países expone a los migrantes a riesgos graves y violaciones de derechos humanos. Incluso, varias decisiones judiciales han rechazado el uso de centros de internamiento para personas extranjeras en terceros países debido a la falta de garantías en materia de derechos.
Un aspecto preocupante de la propuesta es la consolidación de centros de retorno en países fuera de la UE, considerados como “soluciones innovadoras” por las autoridades. Esto permitiría devolver a personas en situación irregular en la UE a terceros países con los que se hayan celebrado acuerdos. Las organizaciones sostienen que estos centros de deportación vulneran los derechos fundamentales y la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Además, recalcan que muchos de estos terceros países no cumplen con las condiciones de seguridad para ser considerados adecuados para el retorno de personas migrantes.
Además, la propuesta incluye medidas restrictivas adicionales, como la ampliación del tiempo máximo de detención de 18 a 24 meses y, en ciertos casos, la solicitud de garantías financieras para prevenir fugas. También se prevé obligar a los migrantes a cooperar con las autoridades en procesos de retorno, enfrentando la amenaza de pérdida de prestaciones sociales o confiscación de documentos de viaje. La introducción de reglas específicas para individuos considerados un riesgo para la seguridad, sin criterios claros, aumenta el riesgo de arbitrariedad y discriminación.
El Parlamento Europeo y el Consejo deberán ahora debatir esta propuesta. Las organizaciones firmantes, entre ellas Movimiento por la Paz -MPDL-, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), y Amnistía Internacional, instan a los legisladores y Estados miembros a rechazar estas medidas. En su lugar, promueven una política migratoria que refleje los valores de dignidad, solidaridad y respeto a los derechos humanos, y que evite la creación de centros de deportación en terceros países que podrían amenazar los derechos de las personas migrantes.
Las organizaciones también enfatizan la necesidad de asegurar un acceso efectivo a asistencia legal para los migrantes durante todo el proceso de retorno, aplicando un efecto suspensivo a los recursos y protegiendo a personas en situaciones vulnerables.
Fuente: Federación Andalucía Acogel.
