Los sindicatos han instado al Gobierno a cumplir su promesa de reducir la alta tasa de temporalidad en el sector público, que actualmente se sitúa en un 30%, hasta el 8%. Esta demanda se produce en un contexto donde la estabilidad laboral es un tema crucial, afectando tanto la calidad del empleo como la eficiencia del servicio público. Los representantes sindicales subrayan que esta medida es esencial para garantizar condiciones laborales justas y una mayor seguridad para los empleados del sector, alineándose con los objetivos de empleo estable que se han planteado a nivel nacional.
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