Entre enero y septiembre de 2024, el Ministerio Público chileno consignó a cerca de 29.000 menores como infractores de la ley, un 12,7% más que el mismo periodo del año anterior, destacando un preocupante incremento vinculado a profundas implicaciones sociales y económicas. La cifra, que sólo refleja a aquellos identificados por el sistema judicial, sugiere un problema mayor, exacerbado por la elevada deserción escolar vinculada al atractivo del submundo criminal en un panorama de escaso crecimiento económico e informalidad laboral que afecta al 28% de los trabajadores chilenos. Pese a esfuerzos gubernamentales anteriores, como la campaña «Compromiso País» en 2018, las vulnerabilidades sociales persistentes han evolucionado en complejidad, cuestionando la capacidad del Estado, ya al borde del endeudamiento, y del sector privado para abordar y resolver estos retos, mientras el PIB se estanca en torno al 2%.
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