Afectados por la riada del 29 de octubre de 2024 en la Comunidad Valenciana solicitarán la imputación de Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la región, acusándola de no recibir información crítica sobre el barranco del Poyo por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, lo que agravó la catástrofe. La juez Nuria Ruiz Tobarra ha solicitado que dichas peticiones se presenten por escrito. Actualmente, los únicos investigados son Salomé Pradas, ex consellera regional, y Emilio Argüeso, ex secretario autonómico, aunque el fiscal ha propuesto retirar la imputación de Argüeso. En su declaración, Bernabé afirmó que la información suministrada se centró en la presa de Forata y que fue la alcaldesa de Paiporta quien le advirtió sobre la gravedad de la situación, lo cual motivó a ampliar las alertas de emergencia.
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