En España se vive una gran disparidad en el acceso a viviendas vacacionales en la playa, donde los precios de alquiler han aumentado un 7% este año, alcanzando los 1.300 euros por semana. Los turistas enfrentan condiciones a menudo precarias en propiedades antiguas que se alquilan fácilmente debido a la alta demanda. Mientras, los propietarios, a menudo jubilados, obtienen ingresos paralelos significativos sin necesariamente declarar todos. El problema se origina en políticas de suelo y crédito del pasado siglo, que incentivaron el alquiler turístico sin suficiente regulación. Esta situación refleja una clara desigualdad generacional y plantea críticas hacia los propietarios que maximizan beneficios aprovechando la situación del mercado.
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