El Consell de Mallorca ha generado controversia al ceder temporalmente 21 apartamentos a la Guardia Civil para alojar a sus agentes durante el verano. La decisión ha sido criticada por los separatistas de Més per Mallorca, quienes consideran que esta medida compromete la función del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), encargado de proteger a los más vulnerables. Argumentan que el gasto debería ser asumido por el Ministerio del Interior y no por recursos locales. Además, denuncian que esta acción representa un agravio comparativo con otros profesionales como médicos y trabajadores sociales, también afectados por la crisis del mercado inmobiliario en la isla. La formación exige que los recursos de vivienda se destinen a la ciudadanía de Mallorca, enfatizando que esta situación coincide con recientes detenciones en la isla, lo cual agrava el descontento social.
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