El reciente Estatuto Marco propuesto por Mónica García ha encendido un debate crucial en la comunidad médica, ya que parece confundir la defensa del sistema de salud pública con un desdén por los derechos de los médicos. Esta iniciativa es solo un reflejo de un sistema que ha perpetuado la precariedad en el ejercicio de la medicina, una situación que necesita ser comprendida en su contexto histórico y social.
Desde sus inicios durante la transición democrática, la sanidad pública ha estado marcada por una lucha intensa, donde los médicos, considerados en muchas ocasiones un colectivo privilegiado, han visto cómo se les acusa de ser responsables de los problemas del sistema. Esta narrativa ha contribuido a una percepción negativa que distorsiona el verdadero valor de su labor.
La existencia de un gran número de médicos en paro, junto con prejuicios ideológicos, ha llevado a la consolidación de un modelo de salud pública que se fundamenta en sueldos bajos y condiciones laborales desfavorables. En este panorama, es comprensible que muchos médicos se vean forzados a aceptar jornadas extenuantes y guardias obligatorias, solo para poder llegar a fin de mes. Además, el liderazgo en el proceso asistencial ha sido desplazado de las manos de los médicos hacia los gestores políticos, lo que ha provocado una pérdida de autonomía y una sensación de impotencia.
La actual estructura de negociación resulta en una grave desventaja para los médicos, quienes son minoritarios en mesas de negociación donde se deciden sus condiciones laborales. Esto ha fomentado un silencio forzado que ha contribuido al deterioro progresivo de la medicina pública.
A pesar del aumento en la inversión sanitaria, la calidad del servicio está en declive. Muchos médicos eligen huir hacia el sector privado o buscar oportunidades en el extranjero, dejando atrás un sistema que se encuentra en una crisis fundamental. La proliferación de facultades de Medicina parece ser un intento de perpetuar este modelo precario, manteniendo la presión sobre un colectivo que se siente cada vez más atrapado.
El viejo paradigma parece estar llegando a su fin. Los médicos actuales ya no están dispuestos a soportar condiciones de trabajo indignas. Exigen sus derechos y luchan por condiciones laborales que respeten su dignidad y su vocación. No aceptarán más que sus derechos sean eclipsados por las “necesidades del servicio”.
Es por ello que desde el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) se declara una firme decisión de no ceder ante esta situación. La convocatoria a huelga el próximo 3 de octubre representa el inicio de una serie de acciones que buscan marcar un cambio real en la situación de la medicina pública.
El mensaje es claro: tanto la comunidad médica como la sociedad civil deben unirse en la defensa de la sanidad pública. Lo que está en juego no es solo el futuro de los médicos, sino de toda la Medicina pública. Permitir su deterioro sería un error irreparable.
Fuente: Sindicato Médico Andaluz.
