El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, enfrenta una segunda acusación penal junto a seis colaboradores por presuntos esquemas ilegales de financiamiento en la campaña electoral de 2022. La Fiscalía General ha presentado cargos que implican a figuras como el ministro de Relaciones Exteriores y el vicepresidente por participar en estructuras al margen del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). La Corte Suprema debe decidir si solicita el levantamiento del fuero de Chaves. Pilar Cisneros, destacada diputada del partido oficialista, desestima la acusación, atribuyéndola a intentos del fiscal general de dañar al movimiento ‘chavista’. Pese a las controversias, Chaves mantiene cerca del 50% de popularidad. Según el TSE, en la campaña se manejaron fondos no oficiales por alrededor de $500,000. La diputada Cisneros argumenta que no se utilizaron dineros públicos y que el fideicomiso cuestionado se cerró antes de la candidatura de Chaves. La Presidencia considera que el asunto es de índole personal y no gubernamental.
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