El Govern balear, liderado por Marga Prohens del PP, ha respondido rápidamente a la nueva ley del gobierno de Pedro Sánchez que permite el alquiler de barcos privados, conocida como «Airbnb náutico», aprobando una modificación del Decreto de chárter náutico para impedir su aplicación en las islas. Esta medida busca proteger la capacidad de carga limitada de las Baleares y aborda preocupaciones sobre sostenibilidad ambiental y seguridad marítima. La normativa autonómica mantiene restricciones que separan los usos privados de los comerciales, asegurando que embarcaciones privadas no puedan operar comercialmente, y refuerza el control sobre amarres y concesiones. Prohens enfatiza la autonomía balear en la ordenación marítima, mientras Ports IB prohíbe el uso comercial de amarres privados y exige transparencia en su asignación.
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