La implementación de la Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda en España, creada con el propósito de proteger a los inquilinos y equilibrar el mercado, ha generado controversia entre los propietarios. Las nuevas disposiciones sobre prórrogas obligatorias y restricciones legales han dejado a muchos dueños sintiéndose desprotegidos y con menos control sobre sus propiedades. A pesar de que la ley buscaba crear una mayor estabilidad para los inquilinos, ha resultado en un mercado más tenso, con una reducción en la disponibilidad de viviendas debido a propietarios que prefieren no alquilar ante las nuevas complicaciones. La norma ha transformado la dinámica entre arrendadores e inquilinos, creando un entorno legal que perciben más rígido y burocrático.
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