La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de Andalucía ha propuesto en la Comisión Mixta con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) solicitar al Gobierno central la creación de, al menos, 22 nuevas plazas de jueces especializados en Violencia sobre la Mujer. Esta iniciativa se debe a la elevada carga de trabajo actual y a las nuevas competencias que introduce la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. La reunión, celebrada en Granada, también abordó la inminente implementación de cambios legales en 70 de los 85 partidos judiciales andaluces. La propuesta del TSJA se elevará próximamente al Ministerio.
El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, y el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, subrayaron la importancia de la reunión, la primera tras la publicación de la nueva ley en enero. Uno de los principales cambios es la ampliación de competencias de los juzgados de Violencia sobre la Mujer, que asumirán también casos de violencia sexual, lo que, según Nieto, incrementa significativamente la carga de trabajo.
Nieto expresó su preocupación porque el Ministerio ha anunciado solo la creación de nueve nuevas plazas en Andalucía, además de la transformación de un juzgado de Instrucción en uno de Violencia, lo cual considera insuficiente. Por ello, defiende la creación de al menos 22 plazas adicionales para evitar que cualquier área andaluza se vea perjudicada.
Además, Nieto solicitó al Ministerio definir un modelo uniforme de tribunales de instancia en esta materia, criticando la falta de coherencia en el tratamiento territorial. Abogó por un debate que permita ordenar mejor el servicio a las víctimas y garantizar recursos adecuados para un trabajo eficiente y de calidad.
Durante la reunión, también se discutieron otros cambios previstos en la ley, que, según Del Río, marcarán un antes y un después en la justicia. Estos incluyen reordenaciones de personal, adaptaciones de espacios y desarrollos tecnológicos necesarios para la transformación legal, que deben implementarse para el 1 de julio de este año.
Nieto lamentó la falta de diálogo y financiación por parte del Gobierno central, indicando que el esfuerzo y costo de adaptación recaerán sobre la comunidad autónoma. La creación de nuevas plazas y la reorganización implican un costo significativo, afectando tanto la infraestructura como la gestión judicial.
La reunión contó también con la participación de distintos funcionarios de la Consejería de Justicia y representantes del TSJA, quienes discutieron los retos y necesidades que conllevará la implementación de estas medidas.
Fuente: Gobierno al día de Andalucía.
