En un reciente movimiento controversial, el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) se ha integrado a un esfuerzo federal encabezado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para identificar y deportar inmigrantes indocumentados. Este grupo de trabajo busca obtener acceso a una amplia gama de datos gestionados por el Servicio de Inspección Postal de EE. UU. (USPIS), lo que ha generado serias preocupaciones en torno a la privacidad y los derechos humanos de los inmigrantes.
Las autoridades de inmigración están solicitando dos tipos específicos de información. Primero, el acceso a sistemas de vigilancia que manejan datos como información de cuentas en línea, seguimiento de paquetes, datos financieros y direcciones IP. En segundo lugar, desean obtener imágenes de los exteriores de sobres y paquetes, en un proceso denominado «cobertura de correo». Esta práctica plantea preguntas sobre el uso de servicios postales para vigilancia masiva.
La recopilación de datos personales por parte del USPS, incluido el manejo diario de correspondencia que contiene nombres, direcciones y números de teléfono, se ha justificado históricamente como parte de su función operativa. Sin embargo, el uso potencial de esta información para propósitos distintos a los originales, sin el consentimiento de los individuos implicados, contraviene el principio de minimización de datos, que busca limitar el uso de información personal.
El USPS está regido por la Ley de Privacidad de 1974, que impone restricciones sobre cómo las agencias pueden compartir registros personales. Esta legislación, aunque se centra en ciudadanos y residentes permanentes, también se aplica de manera indirecta a quienes envían o reciben correo en territorio estadounidense, planteando un posible conflicto legal si se utiliza información del USPS para vigilar inmigrantes.
Entre 2015 y 2023, se aprobaron el 97% de más de 60,000 solicitudes de «cobertura de correo», registrando detalles de más de 312,000 piezas postales. Esta política ha suscitado reacciones del Congreso, donde un grupo bipartidista de senadores ha manifestado su preocupación. Aunque estas coberturas no acceden al contenido del correo, sí pueden delatar información personal sensible como tendencias políticas o creencias religiosas.
Los críticos advierten que la implementación de sistemas de vigilancia masiva en el USPS podría establecer un precedente alarmante, extendiéndose eventualmente a otros sectores, como manifestantes políticos o personas en búsqueda de servicios de salud específicos.
La situación actual destaca una necesidad urgente de reglamentar y limitar los programas de vigilancia en el USPS para proteger la privacidad y los derechos de todos los residentes, evitando que estos mecanismos se conviertan en herramientas amplias de control estatal.
