El Tribunal Constitucional ha rechazado por unanimidad el recurso presentado por la Junta de Extremadura contra la orden de demolición del complejo turístico, ratificando así la decisión legal previa. El fallo confirma que no existen fundamentos para anular la orden de derribo, lo que supone un revés para las autoridades regionales que buscaban preservar la infraestructura. Con este veredicto, se avanza hacia la inevitable demolición del establecimiento, en cumplimiento de las normativas urbanísticas vigentes.
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