El PSOE ha tomado un paso decisivo al introducir una serie de enmiendas al proyecto de Ley de Función Pública en España, con el objetivo de redefinir las condiciones laborales de los funcionarios. Entre las principales propuestas destaca el aumento de la edad de jubilación forzosa a los 72 años, permitiendo a los empleados públicos la opción de extender su actividad laboral más allá de los 70 años actuales. Esto responde a una política más amplia de envejecimiento activo, promoviendo la continuidad laboral en una población cada vez más longeva.
Otro aspecto relevante de las reformas es la mejora en la conciliación familiar. Se incluye una innovadora propuesta de permiso parental retribuido de dos semanas para el cuidado de hijos menores de ocho años. Esta iniciativa está en línea con la Directiva Europea de Conciliación, un área en la que España ha sido criticada por su retraso y que ha llevado a sanciones por parte de Bruselas. Aunque la normativa comunitaria europea prevé hasta ocho semanas de permiso, hasta ahora no han sido remuneradas, por lo que este cambio supone un avance significativo hacia la adaptación completa de la normativa.
Las propuestas también abordan los derechos de las familias monoparentales. Se ha incluido la posibilidad de acumular permisos por nacimiento o adopción para estos modelos familiares, en respuesta a varias resoluciones judiciales recientes. Esta medida busca evitar discriminaciones y asegurar la igualdad de derechos para los niños de estas familias, reflejando un compromiso con la equidad y la justicia social.
Estas reformas representan un esfuerzo por parte del PSOE para responder a demandas judiciales y comunitarias, estableciendo un espacio de negociación en torno a los derechos laborales y la conciliación familiar dentro de la función pública española. El desarrollo de este proceso legislativo será crucial para comprender su impacto real en los funcionarios y la eficacia de los cambios propuestos.
