La expansión global de las criptomonedas ha impulsado a las autoridades españolas a reforzar su marco normativo, introduciendo medidas específicas para asegurar el cumplimiento tributario. En este sentido, el Modelo 721 surge como una respuesta obligatoria para aquellos residentes en España que poseen monedas virtuales fuera del territorio nacional. Esta declaración informativa se alinea con la intención de supervisar y regular los activos digitales, brindando una herramienta clave para la Agencia Tributaria.
El nuevo modelo, fundamentado en la Orden HFP/886/2023 y publicado el pasado julio en el Boletín Oficial del Estado, establece pautas claras para la presentación de dicha declaración, que abarca el ejercicio fiscal de 2024. Los contribuyentes concernidos deben prepararse para cumplir con esta obligación antes del 31 de marzo de 2025.
El alcance del Modelo 721 no se limita a individuos, sino que también incluye a entidades residentes en España y a los establecimientos permanentes de entidades extranjeras que posean, gestionen o dispongan de criptomonedas situadas fuera del país. Para que la obligación de presentar esta declaración se active, el valor acumulado de esas monedas virtuales debe superar los 50.000 euros al cierre del ejercicio fiscal.
En situaciones de incremento patrimonial, cualquier aumento que supere los 20.000 euros respecto al año anterior también desencadenará la necesidad de presentar nuevamente el modelo. Este control es esencial para las autoridades, pues la declaración requiere detalles como la identificación específica de las monedas virtuales, su valor en euros al final del año, y los datos de las entidades que las custodian.
El proceso de presentación se lleva a cabo de forma telemática, haciendo uso de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria, donde es necesario autenticar la identidad mediante un certificado digital o un sistema Cl@ve PIN. Este método no solo facilita el proceso, sino que también asegura mayor precisión y seguridad en el manejo de la información.
No obstante, el no cumplimiento de esta obligación puede tener consecuencias severas. Aunque las sanciones específicas asociadas aún están en desarrollo, se anticipa que serán equiparables a las aplicadas por incumplimientos de modelos similares, como el 720, con potenciales multas significativas.
Para aquellos empresarios y usuarios asiduos de criptomonedas, se destacan recomendaciones como mantener registros exhaustivos de las transacciones y buscar asesoramiento fiscal especializado. Este paso hacia la regulación del ámbito digital refleja la intención del gobierno español de garantizar transparencia y orden en la gestión de activos digitales. La implementación del Modelo 721 representa no solo una herramienta de cumplimiento fiscal, sino también un claro mensaje sobre la prioridad que las criptomonedas ocupan en la agenda regulatoria actual.
