España está al borde de una transformación drástica en la manera de emitir y recibir facturas, una medida que afectará a más de tres millones de pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos en el país, así como a todos los consumidores. Esta reforma tiene el potencial de mejorar significativamente la eficiencia y el control fiscal, pero también presenta desafíos que podrían complicar la vida administrativa de muchos.
Los cambios propuestos están respaldados por dos leyes recientes: la Ley Antifraude (2021) y la Ley Crea y Crece (2022). La primera busca reducir el fraude fiscal garantizando que los programas de facturación no permitan ocultar ingresos, mientras que la segunda tiene como objetivo facilitar la creación de empresas y reducir obstáculos regulatorios.
Aunque estas leyes han sido ampliamente discutidas, la verdadera preocupación radica en los reglamentos en desarrollo para implementar estas reformas. Según Vicente Alciturri, vicepresidente de la Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (@CONETIC), estos reglamentos podrían provocar una gran confusión y complicar aún más el panorama fiscal para empresas y autónomos.
Entre los cambios clave destaca la emisión de facturas electrónicas. Las facturas ya no se enviarán en formato PDF por correo electrónico, sino que se requerirá el uso de programas de facturación capaces de generar ficheros XML en un formato estandarizado. Este cambio eliminará el uso de métodos más antiguos como hojas de cálculo o sistemas ERP obsoletos.
Además, las facturas deberán ser depositadas en una nueva plataforma pública digital llamada Solución de Plataforma Pública de Facturación Electrónica (SPFE). Esta plataforma permitirá que los clientes recojan las facturas electrónicamente, similar al actual FACe usado para facturar al sector público. Cada factura deberá ser reportada inmediatamente a la Agencia Tributaria (AEAT) a través del nuevo sistema Verifactu. Este reporte incluirá detalles del IVA y la información necesaria para identificar tanto al emisor como al receptor de la factura.
El cambio a una facturación electrónica obligatoria y el reporte fiscal en tiempo real podrían ser beneficiosos para reducir el fraude fiscal y controlar la morosidad. Sin embargo, la transición presenta varios desafíos. Los empresarios y autónomos tendrán que lidiar con una variedad de plataformas y formatos, como el SPFE, Verifactu, Facturae, el FACe, y TicketBAI en el País Vasco. Cada una de estas plataformas tiene sus propias especificaciones y requisitos, lo que puede generar confusión y aumentar la carga administrativa.
A pesar de que la AEAT recibirá los datos fiscales en tiempo real, las empresas aún deberán presentar declaraciones periódicas de IVA y otros informes, lo que puede resultar redundante y costoso. Además, la implementación de nuevos sistemas y plataformas requerirá inversiones en software y formación, así como la contratación de personal o asesorías adicionales para gestionar el nuevo sistema.
Países como Italia han adoptado sistemas de facturación electrónica que centralizan el intercambio de facturas en una sola plataforma, lo que ha simplificado el proceso y reducido la burocracia. España podría beneficiarse de un enfoque similar para evitar la proliferación de plataformas incompatibles.
La nueva normativa de facturación electrónica y reporte fiscal tiene el potencial de modernizar el sistema fiscal en España, mejorar la eficiencia y combatir el fraude. No obstante, para que estos cambios sean efectivos y no causen una mayor carga administrativa, es crucial que se aborden los problemas de complejidad e incompatibilidad. La transparencia y la simplificación de los procesos serán clave para el éxito de esta reforma.
