En un reciente discurso, la ministra María Jesús Montero causó controversia al declarar que el testimonio de una mujer joven no debe estar supeditado a la presunción de inocencia, lo que generó aplausos de sus seguidores. Estas declaraciones son vistas como parte de un problema más amplio dentro del gobierno socialista de España, donde algunos acusan a los políticos de imponer su agenda sobre los marcos legales establecidos, lo que llevaría a un debilitamiento del Estado de derecho. Críticos reiteran la necesidad de exigir mayores competencias a quienes ostentan cargos públicos para evitar que individuos sin la formación adecuada influyan en decisiones críticas del país.
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