La Constitución española de 1978, al aproximarse a su 50 aniversario, enfrenta preguntas sobre su efectividad en mantener el equilibrio de los poderes del Estado y proteger las libertades ciudadanas en un contexto global de declive democrático. Se evalúa si realmente promueve un Estado de bienestar inclusivo y sostenible o si obstaculiza políticas sociales esenciales. En su esencia, la Constitución se basa en principios como apertura democrática, espíritu de concordia, integración, y la protección de derechos humanos. Sin embargo, el sistema enfrenta tensiones internas y externas que amenazan su estabilidad, exacerbadas por el exceso legislativo que, según algunos, debilita la democracia. En este contexto, se clama por una reafirmación de los valores constitucionales y políticas que fortalezcan la inclusión, equidad y justicia social, cuestiones cruciales para restablecer la confianza y asegurar el progreso democrático del país.
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