España enfrenta un momento crítico en su transición energética, con urgencia por expandir su infraestructura eléctrica para sostener una economía descarbonizada. Desde 2020, se han concedido 43 GW en accesos a la red, destacando centros de datos e industrias, pero solo un 10% de nuevas solicitudes pueden ahora ser atendidas debido a la saturación del 85% de los nodos de conexión. El Gobierno ha anunciado una inversión significativa en redes eléctricas, destinada a facilitar el crecimiento y la conectividad necesaria para avanzar en la reducción de emisiones de CO₂ y fomentar la vivienda y la transformación digital. La ejecución efectiva de estas infraestructuras requiere planificación eficiente y reducción de la burocracia, en línea con las prácticas de otros países europeos.
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