El Gobierno de Pedro Sánchez ha reducido en un 30% la inversión destinada a proteger a mujeres víctimas de trata y prostitución entre 2023 y 2025. En medio de estas reducciones, el PSOE planea llevar al Congreso una ley para abolir la prostitución, tras la revelación de audios que implican a socialistas cercanos a Sánchez en una trama de prostitución. El «Plan Camino», impulsado por Igualdad bajo Irene Montero, buscaba atender los derechos de mujeres en contextos de explotación mediante diversas acciones, pero ha experimentado recortes significativos en áreas como empleabilidad y vivienda. El plan contaba con la colaboración de cinco ministerios, pero enfrentó reducciones presupuestarias en varias de sus líneas de acción.
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