La privacidad en California enfrenta desafíos considerables en la era digital, con los ciudadanos preocupados por la constante recolección de sus datos personales. Este tema viene de lejos: ya en los años setenta, la Ley de Prácticas de Información (IPA) fue introducida para proteger a los ciudadanos tras el escándalo de Watergate. Sin embargo, el avance tecnológico ha dejado obsoleta esta legislación, especialmente frente al creciente volumen de datos que manejan las entidades locales.
La falta de estándares claros para la protección de información en organismos gubernamentales preocupa especialmente en sectores como la salud pública y los programas de asistencia alimentaria. La desactualización de la IPA es evidente y, para abordar esto, se ha presentado la Ley de Reforma de la IPA, A.B. 1337. Esta propuesta, liderada por el asambleísta Chris Ward de San Diego junto a grupos defensores de la privacidad, busca ajustar el marco legal a las exigencias actuales.
La reforma propone expandir la definición de entidades reguladas, garantizar un manejo de datos más responsable y sancionar la divulgación negligente de información. También plantea una modernización de la definición de información personal, incorporando datos geográficos y de navegación en línea, alineándose con la Ley de Derechos de Privacidad de California.
La confianza en el gobierno ha disminuido, especialmente entre comunidades vulnerables por su estado migratorio, religión o identidad de género. La implementación de A.B. 1337 no solo modernizaría el marco legal, sino que también podría fomentar una mayor confianza pública en las instituciones gubernamentales, subrayando la importancia de exigir mejores protecciones para los datos personales en la era digital.
