Las organizaciones empresariales prevén un ahorro significativo de hasta 42.400 millones de euros tras el fracaso del proyecto liderado por Díaz. Este cálculo refleja el impacto económico positivo para las empresas tras la suspensión de iniciativas que implicaban mayores compromisos financieros o regulatorios. El debate en torno al proyecto ha generado respuestas mixtas, con diferentes opiniones sobre el impacto en la economía nacional. La cancelación subraya la complejidad de implementar reformas que equilibren intereses empresariales y sociales.

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