En el transcurso del año 2024, los reguladores federales han incrementado significativamente sus esfuerzos para frenar las prácticas de los corredores de datos de ubicación, empresas que se dedican a rastrear y vender la ubicación de los usuarios mediante aplicaciones en sus dispositivos móviles.
A inicios de enero, la Comisión Federal de Comercio (FTC) tomó una medida drástica al prohibir a empresas como X-Mode Social e InMarket la comercialización de datos precisos de ubicación, marcando un hito en la protección de la privacidad de los usuarios. Este movimiento, considerado crucial por los defensores de la privacidad, ha sentado un precedente para futuras regulaciones.
En diciembre, la FTC amplió su ofensiva contra otras dos entidades, Gravy Analytics (Venntel) y Mobilewalla, prohibiéndoles la venta o divulgación de datos de usuario en áreas sensibles como clínicas de salud reproductiva y lugares de culto. Aunque ya había acciones legales anteriores contra compañías como Kochava, las prácticas de rastreo invasivo persistían, haciendo de la nueva activación regulatoria un suceso positivo en el avance por la privacidad en 2024.
Este contexto subraya la categorización por parte de las autoridades de la información de ubicación como un dato altamente sensible. La recolección de esta información utiliza diversidad de técnicas, desde herramientas de desarrollo hasta subastas en tiempo real para espacios publicitarios, que también facilitan la obtención de datos valiosos de localización. A menudo, los usuarios desconocen que sus datos, obtenidos probablemente con permisos legítimos, son compartidos con empresas que monitorean su ubicación.
Las revelaciones del año han destapado intrincados detalles sobre cómo operan los corredores de datos, con herramientas como Locate X permitiendo el acceso a volúmenes masivos de datos por parte de autoridades y empresas. Además, la empresa FOG Data Science fue detectada vendiendo datos a cuerpos policiales, rastreando incluso a médicos de personas investigadas a través de sus visitas.
Por otro lado, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) propuso una normativa que busca reforzar las exigencias de consentimiento y proteger información personal, incluso cuando esta es presentada como desidentificada. El objetivo es controlar abusos en la distribución de datos de miembros del servicio, veteranos y otros ciudadanos.
Este vigoroso enfoque regulatorio evidencia un compromiso renovado para proteger a los consumidores de prácticas antes inimaginables. La facilidad con la que los datos sobre los movimientos de las personas pueden ser adquiridos es una realidad inquietante que ha comenzado a captar la atención de los responsables políticos. Se anticipa que el año 2025 persistirá en esta senda de protección contra las amenazas que suponen los corredores de datos de ubicación.
