Las compañías proveedoras de servicios de internet en Paraguay se encuentran en una encrucijada respecto a la protección de los datos de sus usuarios. Un reciente informe de TEDIC, titulado “¿Quién Defiende Tus Datos?”, ha puesto de manifiesto que, aunque las principales operadoras han avanzado en la accesibilidad de sus políticas de privacidad, persisten deficiencias significativas que amenazan los derechos de privacidad de los ciudadanos.
El estudio evaluó a Claro, Personal y Tigo, que operan como subsidiarias de empresas extranjeras, junto con los proveedores nacionales Copaco y Vox. Estos fueron valorados en siete criterios sobre la gestión de datos, como la claridad en la recopilación y almacenamiento de información, la autorización judicial para compartir metadatos, y la notificación a los usuarios sobre el acceso gubernamental a su información.
De todas las compañías analizadas, Tigo se destacó con un cumplimiento del 73%, mientras que Vox apenas alcanzó un 5%. Claro y Personal demostraron mejoras en la claridad con la que informan sobre la recolección de datos, pero sin detallar los períodos de retención de la misma, un fallo crucial en la protección de los datos personales. Copaco, por su parte, limita su política de privacidad a datos de sus aplicaciones, ignorando completamente los servicios de Internet y telefonía.
El informe resalta un desafío persistente en el país: la falta de una ley integral de protección de datos. Paraguay se encuentra rezagado en este aspecto, siendo uno de los pocos países en América Latina sin una normativa que regule completamente la protección de información personal, aunque se discute un proyecto de ley que aún no ha sido aprobado.
A pesar de que todas las compañías requieren órdenes judiciales para divulgar información de los usuarios, no extienden esta protección a los metadatos de las comunicaciones. Este vacío contraviene normas internacionales de derechos humanos que exigen salvaguardias sobre estos datos.
Una preocupación constante destacada por TEDIC es la ausencia de políticas para notificar a los usuarios cuando sus datos son solicitados por las autoridades. Esta falta de transparencia ha sido una crítica recurrente en ediciones anteriores del informe, generando dudas sobre el respeto a los derechos de los usuarios y el cumplimiento del debido proceso.
En el ámbito de la promoción de los derechos humanos, ningún proveedor ha mostrado un compromiso sólido. Sin embargo, Tigo y Claro, impulsadas por las políticas de sus casas matrices, han desarrollado algunas iniciativas, como campañas de seguridad, dirigidas a sus clientes.
En cuanto a la transparencia sobre solicitudes gubernamentales de datos, Claro y Tigo ofrecen cierta visibilidad. Sin embargo, estos informes son más accesibles en los sitios de las matrices y dificultan la evaluación del desempeño específico de sus operaciones en Paraguay.
Este diagnóstico subraya la urgencia de desarrollar y aprobar legislación de protección de datos robusta en el país, garantizando así la privacidad y seguridad de la información de los usuarios frente a la creciente demanda de acceso a datos personales por parte de las autoridades.
