En un hito hacia la transparencia gubernamental, Pen-Link, un contratista del gobierno, ha consentido en divulgar los precios y características de sus productos de vigilancia vendidos a la oficina del sheriff del condado de San Joaquín, California. Este movimiento se produce tras una demanda de acceso a registros públicos que duró varios meses, impulsada por la Electronic Frontier Foundation (EFF) y la oficina del sheriff local. Este desenlace subraya que las herramientas de vigilancia empleadas por organizaciones gubernamentales deben ser transparentes y no secretas.
El año anterior, EFF solicitó detalles sobre la colaboración entre la oficina del sheriff y Pen-Link, junto a su subsidiaria Cobwebs Technology. Pen-Link, en un intento de bloquear la divulgación, argumentó que los precios y nombres de sus productos eran secretos comerciales. Sin embargo, EFF intervino para obtener los registros requeridos.
Los documentos revelados muestran que, a finales de 2023, la oficina del sheriff invirtió 180,000 dólares en una suscripción de dos años a “Tangles”, una plataforma de inteligencia web de Cobwebs. Esta herramienta permite monitorear actividades en línea, abarcando fuentes como la “Dark Web” y “Webloc”. A pesar de tener la opción, el sheriff no adquirió complementos adicionales como el “procesamiento de imágenes con IA”.
Descrita en otros documentos, esta plataforma analiza información de la web pública, profunda y oscura, además de datos de localización. Varios informes han indicado que la tecnología de Pen-Link podría utilizarse para focalizar activistas y periodistas independientes, y tiene presencia en múltiples agencias de seguridad a nivel local, estatal y federal.
En 2022, además, la oficina del sheriff compró productos tradicionales de Pen-Link para gestionar y analizar datos de intercepciones telefónicas, tras obtener las debidas autorizaciones judiciales.
La divulgación de estas herramientas subraya la importancia de la transparencia en el uso de tecnología de vigilancia gubernamental. La población tiene derecho a conocer cómo se aplican estos recursos, ya sean desarrollados internamente o comprados a empresas privadas. Esta información es crucial para permitir un debate informado sobre las actividades gubernamentales.
Pen-Link defendió la confidencialidad de los precios de sus productos justificando su naturaleza como secretos comerciales. No obstante, esta posición subraya la necesidad imperiosa de transparencia. Dicha información resulta esencial para los defensores legales y abogados, quienes necesitan conocer el uso de estas herramientas en investigaciones.
Para que algo sea considerado secreto comercial bajo la ley, debe permanecer en secreto. Sin embargo, los datos y precios de Pen-Link ya estaban disponibles públicamente a través de diversas fuentes y documentos oficiales.
Este caso destaca los desafíos y riesgos políticos que enfrentan los contratistas gubernamentales al intentar mantener en reserva la información sobre sus ventas a agencias de seguridad. Las acciones legales que impiden el acceso público a registros pueden restringir el derecho a la información, ya que no todos los ciudadanos, investigadores o periodistas disponen de los recursos necesarios para litigar sus peticiones.
El acuerdo alcanzado no solo representa una victoria para la transparencia, sino que también reafirma el compromiso de la EFF de luchar por la divulgación de información relacionada con la vigilancia gubernamental.
