La oficina del Fiscal General de California ha dado a conocer un crítico boletín dirigido a las fuerzas del orden del estado que enfatiza la importancia de cumplir con la ley estatal AB 481. Esta normativa regula el uso y la divulgación de equipo militar por parte de las agencias policiales, lo que ha adquirido particular relevancia tras revelaciones de que el Departamento de Policía de San Francisco (SFPD) ha incumplido dichas regulaciones.
El boletín hace un llamado claro a las agencias de policía para que busquen autorización de entidades gubernamentales, como los concejos municipales, antes de adquirir equipo militar. Estas medidas buscan garantizar la transparencia y el control democrático, obligando a las agencias a publicar políticas específicas en sus sitios web. Estas políticas deben detallar las capacidades del equipo, sus propósitos, y los impactos económicos, además de establecer mecanismos de supervisión ante posibles violaciones.
La alerta sobre el equipo militar no autorizado es especialmente pertinente en San Francisco. Un informe reveló que el SFPD adquirió drones sin la aprobación adecuada, ignorando advertencias de sus propios funcionarios internos. Esta situación pone en evidencia las dificultades para hacer cumplir las reglamentaciones de la AB 481, que busca regular el uso de tecnología y equipo militar por parte de las fuerzas del orden locales y estatales, destacando a California como un estado pionero en este tipo de normativas.
Para que estas regulaciones sean efectivas, es crucial contar con mecanismos de responsabilidad que obliguen a las agencias policiales a rendir cuentas. El Fiscal General ha instado a que se detenga el uso de equipo militar, incluido el de drones, hasta que se obtenga la debida autorización, y a que se revisen las normativas establecidas para asegurar su cumplimiento.
El SFPD y otras agencias policiales deben ahora reafirmar su compromiso con estas directrices, asegurándose de obtener permisos y justificar adquisiciones antes de proceder, además de desarrollar políticas de uso aprobadas y proporcionar informes anuales sobre el equipo militar bajo su poder. Este enfoque refuerza el papel de la supervisión gubernamental, garantizando que tales operaciones se realicen bajo un marco de total transparencia y responsabilidad.
