Casi la mitad de los estados de EE. UU. han implementado leyes que requieren verificación de edad en plataformas en línea este año. Estas medidas, promovidas como una forma de proteger a los niños, han generado polémica. La Electronic Frontier Foundation (EFF) critica vigorosamente estas leyes, sosteniendo que restringen la libertad de expresión y violan la privacidad y el anonimato de los usuarios.
Las normativas exigen que los servicios en línea verifiquen la edad de todos sus usuarios antes de proporcionar acceso a determinados contenidos, utilizando métodos que la EFF describe como invasivos, como controles de identificación y escaneos biométricos. Estados como Texas, Florida e Indiana han adoptado estos mandatos de manera explícita, mientras que otros, como Mississippi y Ohio, aplican presión legal a las plataformas en caso de que menores accedan a contenido inapropiado.
Los críticos argumentan que estas leyes, bajo la apariencia de salvaguardar a los menores, se traducen en censura y limitaciones al acceso a la información. La EFF advierte que estas leyes obligan a las plataformas a implementar pruebas de edad o a censurar contenido, lo cual puede restringir el acceso a material legal y potencialmente beneficioso para usuarios de todas las edades.
A pesar de la intención de proteger a los jóvenes, los tribunales han declarado estas leyes inconstitucionales en varias ocasiones, citando la violación de derechos bajo la Primera Enmienda. Durante 2024, la EFF ha estado a la vanguardia en la oposición a estos mandatos, luchando en diversos estados y presentando recursos legales. En California, la organización confrontó una propuesta que permitiría demandar a proveedores de información online. En Nueva York, se opuso a la ley SAFE por su incompatibilidad con los derechos de privacidad y expresión. En Texas, buscó disputar una ley de verificación de edad a través de un amicus brief ante la Corte Suprema estadounidense.
Mientras el año llega a su fin, la EFF mantiene su lucha por un internet libre y accesible, abogando por políticas que prioricen la seguridad y los derechos individuales de los usuarios, especialmente de los jóvenes, lejos del temor a la vigilancia y las restricciones no justificadas.
