En San José, California, un nuevo frente legal ha sido abierto en defensa de la privacidad ciudadana. La Electronic Frontier Foundation (EFF) y la Unión Americana de Libertades Civiles de California del Norte (ACLU-NC) han presentado una demanda en el Tribunal Superior del Condado de Santa Clara contra el Departamento de Policía local. El motivo radica en el uso de tecnología de vigilancia que recopila datos sobre los hábitos y movimientos de millones de conductores sin contar con las correspondientes órdenes judiciales.
El reclamo, que representa a organizaciones como Servicios, Derechos y Educación para Inmigrantes (SIREN) y el Consejo de Relaciones Americano-Islámicas de California (CAIR-CA), destaca el uso de lectores automáticos de matrículas (ALPR) para obtener información sensible sin justificación judicial. Los ALPR, que consisten en cámaras automatizadas para la captura de matrículas, están en el centro de esta controversia al registrar información de ubicación sin una sospecha directa de actividad delictiva, lo que, según la demanda, constituye una violación a la Constitución del Estado.
Cada paso de un individuo en el área puede ser registrado repetidamente, proporcionando a las autoridades la capacidad de rastrear detalladamente los movimientos personales, desde rutinas laborales hasta visitas a lugares sensibles como clínicas o templos. Con aproximadamente 500 de estos dispositivos distribuidos a lo largo de San José, la policía tiene acceso prácticamente ilimitado a la base de datos de ALPR, recopilando millones de registros cada mes y almacenándolos por un período de un año.
La demanda, que involucra al alcalde Matt Mahan y al Jefe de Policía Paul Joseph, exige la implementación de restricciones legales para evitar que cualquier búsqueda en la base de datos de ALPR se realice sin una orden judicial. Esto se fundamenta en las leyes estatales que resguardan la privacidad de la información de ubicación, estipulando que debe mediar una autorización judicial para su acceso.
Más allá del ámbito tecnológicamente innovador del litigio, las organizaciones SIREN y CAIR subrayan la esencia del caso en el balance de poderes y la protección del derecho a la privacidad. Zahra Billoo, líder de CAIR en el área de la Bahía de San Francisco, expresó la inquietud que genera la capacidad policial de monitorizar los movimientos individuales sin causa aparente, mientras que Huy Tran de SIREN insistió en que cualquier intromisión a los derechos de privacidad debe ser revisada por la justicia.
El objetivo es que este proceso judicial sirva como un precedente para reafirmar las garantías constitucionales frente a la vigilancia masiva en tiempos donde las tecnologías avanzadas presentan desafíos inéditos para la privacidad individual. La resolución de este caso podría redefinir cómo las ciudades balancean el uso de la tecnología con el respeto a las libertades civiles.
