Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, ha propuesto en Bruselas una legislación para prohibir la compra de viviendas que no sean para uso residencial, respondiendo a presiones de sus socios de Gobierno como Sumar, ERC y Podemos. Estos grupos consideran la medida esencial para combatir la especulación inmobiliaria y han condicionado su apoyo a los Presupuestos en esta iniciativa. Sánchez argumenta que el acceso a la vivienda es un problema europeo y busca que la Unión Europea adopte una postura firme, proponiendo medidas legales y un fondo europeo para la construcción de viviendas protegidas. Esta solicitud surge mientras en España aún hay miles de viviendas prometidas sin construir.
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