El gobierno había asegurado previamente que no reduciría ni un céntimo del gasto social. Sin embargo, la postura adoptada por la Alianza desafía esta promesa, obligando a buscar una solución que exima a España de cumplir con ciertas obligaciones. La situación implica un delicado equilibrio entre compromisos internacionales y la protección del bienestar social interno.
Leer noticia completa en El Mundo.
