Este viernes, 2 de agosto, marca un hito en la regulación tecnológica en España y la Unión Europea con la entrada en vigor del régimen sancionador del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (RIA). Este nuevo marco permitirá imponer sanciones significativas a las empresas que no cumplan con las normativas sobre el desarrollo y uso de sistemas de inteligencia artificial, con multas que podrían alcanzar los 35 millones de euros o el 7% de la facturación anual global de las entidades infractoras.
El contexto social no podría ser más apropiado para esta nueva normativa, dado el escepticismo generalizado respecto a la actual regulación de la IA. Según una encuesta de Entelgy, The Business Tech Consultancy, solo un 8,8% de los ciudadanos considera existente una normativa adecuada para regular la inteligencia artificial. Además, el 88,6% de los encuestados expresa desconfianza en la capacidad de las autoridades para garantizar un control y supervisión efectivos de estas tecnologías.
La preocupación por la privacidad es predominante, con ocho de cada diez personas temiendo que su información personal sea recopilada sin garantías de protección. Esta inquietud es especialmente pronunciada entre los adultos de edades comprendidas entre los 30 y 49 años (81,4%) y mayores de 50 (81%).
En cuanto a las prácticas sancionadas, el RIA define una serie de actividades consideradas de «riesgo inaceptable» para los derechos y libertades fundamentales. Entre ellas se encuentran la manipulación subliminal, la explotación de vulnerabilidades de colectivos específicos, la puntuación social, y el reconocimiento facial masivo en espacios públicos, entre otras. Las empresas involucradas en estas prácticas deberán ser extremadamente cuidadosas para evitar infracciones, garantizando la transparencia, la trazabilidad y la existencia de supervisión humana.
Además, será obligatorio que los usuarios sean informados cuando interactúen con un sistema de inteligencia artificial. La colaboración con la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA) es otro de los requerimientos esenciales para asegurar el cumplimiento de la normativa en España.
Este avance legislativo no solo pretende asegurar un uso responsable de la inteligencia artificial, sino también restaurar la confianza de la ciudadanía en las tecnologías que influyen cada vez más en la vida cotidiana. La implementación del régimen sancionador del RIA es, sin duda, un paso crucial hacia un desarrollo más seguro y ético de la inteligencia artificial en Europa.
