Los organismos públicos tienen la obligación legal de elaborar documentos esenciales para la fiscalización del gasto público. Estos informes son fundamentales para garantizar la transparencia y el control efectivo de los recursos estatales, permitiendo a las autoridades y al público en general supervisar cómo se manejan los fondos destinados a diversas iniciativas gubernamentales. La correcta elaboración y disponibilidad de estos documentos es un pilar en la estructura de la rendición de cuentas dentro del sector público.
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