El Gobierno español se enfrenta a una crisis inminente con la mutualidad Muface, que ofrece a 1,49 millones de funcionarios y familiares la opción de elegir entre atención sanitaria pública o privada. Las principales aseguradoras, Adeslas, Asisa y DKV, han decidido no renovar su participación en el contrato para 2025-2026, citando pérdidas significativas debido a una financiación insuficiente. Ante esta situación, los sindicatos han expresado su malestar y amenazan con huelgas, instando al Gobierno a mejorar la oferta económica en una licitación exprés para atraer nuevas aseguradoras. Mientras tanto, algunos funcionarios, preocupados por su acceso a la sanidad privada, consideran alternativas y protestas están programadas para el 11 de noviembre. Muface, que cubre principalmente a docentes, enfrenta la posibilidad de extender el contrato actual por nueve meses más si no se llega a una solución.
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