La verificación de edad en línea ha emergido como un tema central en el debate político europeo, enfocado en la protección de menores. Mientras las conversaciones sobre implementar medidas de verificación progresan, se alza la voz de expertos que subrayan la importancia de cuestionar la eficacia de las soluciones propuestas y los problemas específicos que se pretenden abordar.
Actualmente, el enfoque se centra en tres categorías de riesgos relacionados con la seguridad de los menores en línea: contenido, conducta y contacto. Los riesgos de contenido comprenden la exposición perjudicial a materiales inapropiados, como contenido violento o sexualmente explícito. Los riesgos de conducta incluyen comportamientos perjudiciales potencialmente exhibidos por adolescentes, como ciberacoso o uso excesivo de servicios. Por último, los riesgos de contacto implican la interacción con individuos que podrían suponer una amenaza, como el grooming.
Pese a esto, numerosos expertos consideran que las verificaciones de edad obligatorias son herramientas ineficaces y desproporcionadas. En lugar de basarse únicamente en la restricción basada en la edad, abogan por un enfoque integrado que contemple las dinámicas sociales y el entorno digital de los menores. Un acceso restringido según la edad no aborda problemas de conducta ni el daño de contenido inapropiado, dado que el comportamiento juvenil puede estar influenciado más por el diseño de las plataformas que por la edad en sí.
Adicionalmente, demandar documentos de identificación para acceder al contenido en línea conlleva serios problemas de privacidad y obstaculiza el acceso de adultos a la información. Estas medidas a menudo ignoran el derecho fundamental a la privacidad y la libertad de expresión, sin brindar una protección efectiva a los menores.
El marco regulatorio de la Unión Europea ha empezado a orientarse hacia enfoques basados en la gestión de riesgos, reflejado en la reciente Ley de Servicios Digitales (DSA). Esta ley propone que las plataformas implementen medidas de mitigación sin recurrir a la verificación de edad. Fomentar la elección del usuario mediante opciones claras sobre moderación de contenido y permitir a los usuarios establecer límites personales es un avance crucial.
Es esencial resguardar la privacidad juvenil limitando la recopilación de datos y prohibiendo la publicidad conductual. Aunque la publicidad dirigida a menores por comportamiento ya está prohibida, la posibilidad de ampliar esta prohibición se presenta como una solución efectiva para reducir la recolección de datos.
El tamaño del desafío demanda un enfoque multifacético. Promover la privacidad, aumentar la autonomía del usuario y establecer un sistema de moderación que respete los derechos de todos son pasos fundamentales para navegar en el complejo entorno digital actual. La seguridad en línea de los menores no solo implica herramientas tecnológicas, sino también una estrategia que considere sus derechos y el impacto social y político en su desarrollo y bienestar.
