Keir Starmer ha retrocedido en sus polémicos recortes sociales tras enfrentar una rebelión de más de cien diputados laboristas, evitando así una potencial crisis política. Las concesiones anunciadas mantendrán las ayudas a la discapacidad y bajas por enfermedad, aunque endurecen las condiciones para futuros beneficiarios. La marcha atrás implica un agujero presupuestario de 3.500 millones de euros, aumentando la posibilidad de subir impuestos. Esta acción ha evitado una cuestión de confianza gracias al aplazamiento solicitado por la diputada Meg Hillier, quien argumentó la necesidad de una evaluación más exhaustiva de los recortes propuestos, que podrían afectar a millones de británicos. Pese a calmar temporalmente a los rebeldes, la medida surge en un contexto de descontento electoral que ha favorecido a la derecha populista de Nigel Farage. La decisión de Starmer refleja un intento de equilibrar el gasto social mientras enfrenta desafíos de popularidad dentro y fuera de su partido.
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